Artículo 48 de la Constitución Española

Comentario mínimo a la Constitución española

Artículo 48 Constitución Española

El libro lo edita Santiago Muñoz Machado  jurista español, catedrático de Derecho Administrativo y miembro de la Real Academia Española y de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas). Juan Manuel Trayter solo redacta aquello referente al artículo 48 de la Constitución.

ARTÍCULO 48.

Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.

El artículo 48 de la Constitución es, desde el punto de vista de su naturaleza, un principio rector de la política social y económica. De él se desprende una obligación para los poderes públicos de cumplir sus mandatos en un triple sentido: a) es un principio de configuración legal por cuanto es la Ley la que debe dar contenido al precepto; b) informa a los poderes públicos , en concreto, al legislativo y al ejecutivo en su aplicación, de la obligación de promover las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural: y c) impone al poder judicial una interpretación favorable a las consecuencias que derivan de ese precepto.

El precepto analizado combina dos elementos que, de manera aislada son verdaderamente relevantes. El objeto de este artículo es la participación: clave de bóveda de todos los regímenes democráticos e institución que da lugar a uno de los derechos fundamentales en los que se sustenta nuestro sistema jurídico, reconocido de manera expresa en el artículo 23 CE. Desde el punto de vista subjetivo, el artículo va referido a los jóvenes, grupo desprotegido por excelencia –junto con los menores– , entorno al que se articulan numerosas políticas públicas en materia de educación, trabajo, sanidad o deportes, entre otras.

Sin embargo, la conjugación de los dos elementos referidos no ha dado el resultado esperado, siendo un precepto que no ha tenido un gran impacto desde el punto de vista jurídico.

En efecto, el artículo 48 CE ha sido objeto de un escaso desarrollo normativo, que lo sitúa en el mundo de la <<retórica constitucional>>.

El origen de esta sequía reguladora –poco habitual en los tiempos que corren–, a la hora de dar contenido a este precepto tiene su razón de ser, precisamente en su propia indefinición, ya apuntada en el debate constituyente con motivo de las pocas enmiendas (cinco) de las que fue objeto. La falta de concreción  afecta, en primer término, al concepto << juventud >> como colectivo en torno al cual gravita el precepto examinado, y que tiene unos perfiles ciertamente difusos. Y es que, aunque la ONU, con motivo del Año Internacional de la Juventud celebrado en 1985, definió a los jóvenes como las personas que tienen entre quince y veinticuatro años, los condicionantes sociales, económicos y culturales existentes en cada país — y también en cada momento histórico– pueden modular los límites de un grupo social definido negativamente — no se trata de niños, pero tampoco son adultos–. Incluso asumiendo una franja de edad en la que ubicar los jóvenes, ello no impide que las situaciones jurídicas en las que pueden hallarse los miembros de este colectivo sean radicalmente distintas.

Nada tiene que ver el joven de quince años, titular de derechos, pero que no puede ejercer las facultades derivadas de los mismos, con el de veinticuatro años, con plena capacidad jurídica y que, como mínimo, ha votado en una ocasión.

Desde el punto de vista objetivo, la indefinición del artículo 48 de nuestra Carta Magna también resulta significativa. La noción de <<desarrollo político, social, económico y cultural>> es un paraguas demasiado amplio en el que se encuadran múltiples conceptos que, además, no son unívocos, al estar sometidos a unos condicionantes sociales y culturales cambiantes.

Las circunstancias anteriores han derivado, como hemos avanzado, en un escaso impacto jurídico del mandato contenido en el artículo 48 CE. Más allá de medidas específicas vinculadas a la educación y formación de los jóvenes, como las contenidas en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, que crea el Sistema Nacional de Garantía Juvenil o los contratos de formación y aprendizaje regulados por el artículo 11.2.a del Estatuto de los Trabajadores, las consecuencias jurídicas más palpables del artículo 48 CE son las políticas de fomento que incluyen estrategias de emprendimiento y acceso al empleo, cooperación internacional, promoción de la participación social y asocianismo, etc. Estas políticas fueron desarrolladas primeramente por el Consejo de la Juventud de España, organismo autónomo creado por la Ley 18/1983 que, con motivo de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, fue suprimido y sus funciones asumidas por el Instituto de la Juventud, también organismo autónomo regulado por el Real Decreto 486/2005, de 4 de mayo. La justificación de la supresión del Consejo de la Juventud y la subrogación del Instituto de la Juventud en sus bienes, derechos y obligaciones, se concreta en que las funciones desarrolladas por ambos organismos autónomos en ocasiones se duplicaban, siendo necesario unificar acciones, actores y posturas, con el consecuente adelgazamiento de la Administración institucional y el ahorro económico y presupuestario derivado de ello.

En este marco, el Instituto de la Juventud desarrolla, en el ámbito de las competencias estatales en la materia, las siguientes funciones: el desarrollo de la cooperación con las Administraciones Públicas en materia de Juventud, el fomento de la comunicación, los intercambios y la movilidad de los jóvenes españoles en el ámbito nacional e internacional:; el análisis y la investigación de la realidad juvenil; o la promoción de la participación de los jóvenes en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas de juventud del Gobierno.

Las iniciativas desarrolladas por este organismo autónomo conviven con las políticas que se llevan a cabo a nivel local y autonómico, pero también a nivel europeo. La Administración Comunitaria, partiendo de las previsiones contenidas en el Título XII del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dedicadas a <<Educación, formación profesional, juventud y deporte>>, ha desarrollado una importante acción en materia de jueventud, en la que destaca la Iniciativa de Empleo Juvenil, regulada en el Reglamento (UE) 1304/2013 o el Programa Erasmus.

En definitiva, en el cuadragésimo aniversario de la Constitución parece el momento idóneo para plantearse un mayor  desarrollo del artículo 48 de la misma. Las personas que se incluyen en la categoría de jóvenes ni siquiera habían nacido en el momento de aprobación de nuestra Carta Magna lo que, sin duda, es un aliciente para involucrarlos en el desarrollo político, social, económico y cultural. No solo se trata de integrarlos en el conjunto de la sociedad, sino de permitir — y animarlos — a que puedan aportar sus intereses, conocimientos, preocupaciones y propuestas. El futuro es suyo y el presente también debería serlo.

Joan Manuel Trayter
Catedrático de Derecho Administrativo
Universidad de Barcelona