La Administración Electoral: la Junta Electoral Central. Su sujeción al Derecho Administrativo

La Administración Electoral: la Junta Electoral Central

La Administración Electoral: la Junta Electoral Central. Su sujeción al Derecho Administrativo.

Por Joan manuel Trayter

Publicación: Revista Vasca de Administración Pública

Sumario

I. Introducción

De lo que trata y no trata este estudio. La Administración electoral desde el Derecho Administrativo.

II. Naturaleza jurídica de la Junta Electoral Central. Su situación en el sistema de las Administraciones Públicas.

  1. Rasgos característicos: Una Administración atípica, especializada y con funciones de garantía que no se integran en la categoría de Administración independiente, precisamente por su mayor grado de independencia del poder ejecutivo.
  2. Composición y mandato.

III. la aplicación supletoria de la legislación de procedimiento administrativo en su funcionamiento.

A. Legitimación activa.

B. Audiencia.

C. Revisión de oficio.

D. La potestad sancionadora.

E. Reglas de organización y funcionamiento: La correcta formación de la voluntad de la JEC. La publicidad de los votos particulares.

F. Ejecutividad y ejecución forzosa de los acuerdos de la JEC.

IV. La supuesta potestad normativa de la JEC. Las instrucciones de la JEC: Alcance y límites.

V. Alguna cuestión polémica. La limitación electoral del derecho de reunión y manifestación: AJEC de 19 de mayo de 2011.

 

I. Introducción. De lo que trata y no trata este estudio. La Administración electoral desde el Derecho Administrativo

La Administración electoral es aquel conjunto de entes estructurados territorialmente que, de manera autónoma e independiente del poder ejecutivo, garantizan la <<transparencia y objetividad del proceso electoral y del principio de igualdad>> (art. 8.1. Ley Orgánica de Régimen Electoral General 5/1985, de 19 de junio, LOREG) (1).

Así, está estructurada territorialmente mediante la Junta Electoral Central (que será objeto de este estudio), con competencia en todo el territorio del Estado, las Juntas de Comunidad Autónoma, las Juntas Provinciales situadas en las capitales de provincia y las Juntas de zona, así como las mesas electorales y la oficina del censo electoral.

Son independientes de las estructura administrativa clásica, del poder ejecutivo, su composición está fuertemente judicializada, como veremos, y su creación obedece a dos tipos de razones, a saber:

a) Por un lado, controlan al poder ejecutivo, a la Administración clásica en todos los temas relacionados con los procesos electorales (en particular, al ministerio del Interior, la Consejería competente en la materia electoral de las Comunidades Autónomas, la Oficina del censo electoral y al resto de Ministerios y Consejerías que tengan atribuida la organización y gestión material de las elecciones).

b) Por otro lado, resuelven de manera rápida, casi fugaz, los conflictos que surgen durante el proceso electoral. La ley articula un sistema de resolución alternativa al recurso administrativo clásico e intenta evitar, en la medida de lo posible, el recurso administrativo clásico e intenta evitar, en la medida de lo posible, el recurso judicial, normalmente sustanciando ante la jurisdicción contencioso-administrativa y ante el Tribunal Constitucional (TC), que son las instancias que, en último término, resuelven las cuestiones electorales (2).

Con este encuadre legal, vamos a analizar la configuración jurídica de la Junta Electoral Central desde el punto de vista del Derecho administrativo. Examinaremos si se trata ( o no ) de una Administración Pública y, si la respuesta es afirmativa, donde podemos ubicarla entre la panoplia de sujetos que integran el poder ejecutivo y, acto seguido, cuándo y con qué especificidades se le aplica el Derecho administrativo y las leyes propias de este ámbito del ordenamiento a esta particular Administración.

En consecuencia, no trataremos:

a) El resto de sujetos que intervienen en los procesos electorales;

b) La concreta doctrina elaborada por la Junta en cuestiones puramente electorales, dada la abundancia de estudios sobre el particular (reglas sobre censo electoral, presentación y proclamación de candidatos, doctrina sobre la campaña electoral o proclamación de electos) (3).

Sí en cambio, analizaremos la Junta Electoral Central desde la perspectiva de aquellas reglas de funcionamiento que rigen la Administración Pública, que derivan del derecho administrativo y, en particular:

1) La naturaleza jurídica de la JEC en el sistema administrativo;

2) La aplicación supletoria de la legislación de procedimiento administrativo en su funcionamiento y su alcance;

3) La supuesta potestad normativa de la JEC: alcance y límites;

4) Una cuestión polémica: la limitación electoral del derecho de manifestación.

II. Naturaleza jurídica de la Junta Electoral Central. Su situación en el sistema de las Administraciones Públicas.

II.1. Rasgos característicos. Una Administración atípica, especializada y con funciones de garantía que no se integran en la categoría de Administración independiente precisamente por su mayor grado de independencia del poder ejecutivo.

La Administración electoral (Junta Electoral Central, Provincial, de zona y , en su caso, de Comunidad Autónoma, así como las Mesas Electorales y la oficina del censo electoral) tiene un papel peculiar en nuestro ordenamiento. Aunque la Constitución no se refiere a ella, si que establece que el <<régimen electoral general>>, será regulado por Ley Orgánica, la Ley 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General (LOREG) (4).

Ahora bien, en el esquema de la separación de poderes ¿dónde situamos a la Junta Electoral Central? En apretada síntesis, nuestro sistema intenta que, junto a las tradicionales funciones de la Administración Gubernativa en el proceso electoral (Ministerio del Interior, Consejerías de Gobernación y Administraciones Públicas o de Interior), se refuerce el control en todos los aspectos relacionados con los procesos electorales.

La composición de las Juntas Electorales, mayoritariamente integradas por magistrados, y de las mesas electorales el día de las votaciones, compuestas por ciudadanos, hace realidad ese control. Pero además, esas juntas electorales, separadas de las estructura jerárquica de la Administración, resuelven de manera independiente y rápida los conflictos que surgen durante el proceso electoral.

Así al margen de los recursos administrativos clásicos, se constituye una suerte de resolución de los conflictos de manera independiente, que trata de suplir y evitar la avalancha de recursos judiciales, resolviendo de manera ágil y rápida los conflictos que puedan surgir.

Sus decisiones son recurribles, como no puede ser de otra manera, ante las propias juntas y, en su caso, ante la Junta Electoral Central, y siempre bajo el control de los tribunales de lo contencioso-administrativo y del Tribunal Constitucional (art.24 103 y 106 CE).

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Publicación: Revista Vasca de Administración Pública, núm. 105