La responsabilidad administrativa y penal de los empleados públicos

La responsabilidad administrativa y penal de los empleados públicos: una visión actual

JOAN MANUEL TRAYTER JIMÉNEZ

Universidad de Girona

La responsabilidad administrativa y penal de los empleados públicos una visión actual

Resumen

El ordenamiento jurídico ha ampliado notablemente la responsabilidad de los empleados públicos que ejercen funciones técnicas y asesoran a la Administración. En vía administrativa, por la tipificación de infracciones y sanciones nuevas derivadas de las leyes de transparencia. También, por la incorporación de códigos éticos, códigos de conducta. En el ámbito penal, por la intervención sustantiva y procesal de la jurisdicción en cuestiones que, a priori, son derecho administrativo. El juez penal aplica conceptos autónomos y entra a examinar, sin prácticamente límites, la responsabilidad de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones técnicas.

SUMARIO

I. PLANTEAMIENTO. LA RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADO PÚBLICO EN NUESTRO ORDENAMIENTO. SU PROGRESIVA AMPLIACIÓN.

II. EL DERECHO DISCIPLINARIO DEL EMPLEADO PÚBLICO. ALGUNAS NOVEDADES. LOS PRINCIPIOS ÉTICOS Y DE CONDUCTA. LA LEGISLACIÓN DE TRANSPARENCIA:

1. Planteamiento. El régimen disciplinario de los empleados públicos.

2. La ampliación de la responsabilidad administrativa. Los códigos de conducta y principios éticos.

3. Una visión crítica.

III. LA JURISDICCIÓN PENAL Y LA PRÁCTICA AUSENCIA DE LÍMITES RESPECTO AL ENJUICIAMIENTO DE CONDUCTAS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS PURAMENTE ADMINISTRATIVAS:

1. Planteamiento. Las posibles causas de la situación que vivimos.

2. Las disfunciones del sistema penal, sustantivas y procesales.

3. Algunos ejemplos de la jurisprudencia penal.

IV. LAS RELACIONES ENTRE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA Y EL DERECHO PENAL. NOVEDADES CONTRARIAS A LA FORMULACIÓN TRADICIONAL DEL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM.

I. PLANTEAMIENTO. LA RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADO PÚBLICO EN NUESTRO ORDENAMIENTO. SU PROGRESIVA AMPLIACIÓN

Es frecuente ver en los medios de comunicación y en las resoluciones judiciales, particularmente penales, que empleados públicos que realizan funciones técnicas son perseguidos administrativa o judicialmente. Asesores jurídicos, secretarios de ayuntamiento, interventores, arquitectos, ingenieros, arquitectos técnicos del ayuntamiento son denunciados, investigados y, en ocasiones, condenados por temas que ellos no decidieron, sino que simplemente informaron en algún trámite del procedimiento.

Las razones son diversas y las iremos viendo a lo largo del presente estudio, pero sí es cierto que es una novedad en nuestro ordenamiento. Nunca antes se habían producido tantas acciones, sobre todo penales, contra empleados públicos en el ejercicio de sus cargos. El sistema estaba más bien diseñado para perseguir, en su caso, al responsable o responsables políticos de la decisión tomada, el que dictó la resolución administrativa y no al empleado público que simplemente hacía un informe, en la mayor parte de veces, técnico, y no vinculante.

Sin embargo, las cosas, con o sin razón, respetando o no una técnica jurídica depurada, han cambiado.

Por un lado, la lentitud del proceso contencioso administrativo y la difícil ejecución de las sentencias favorables a los ciudadanos han ido potenciando las denuncias y querellas por la vía penal, ampliándose los delitos que pueden cometer los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos tanto en el número y su tipificación en el Código Penal como en la aplicación práctica, recogiendo distintas formas de prevaricación, y abriendo de par en par las vías procesales para la investigación de los temas, en particular, mediante la acción pública o la actuación del Ministerio Fiscal, como iremos viendo.

Así se recoge como delito estrella la prevaricación ordinaria (art. 404 CP) y, junto a ella, disientas clases de prevaricación (por ejemplo, la urbanística, art. 320 CP), el cohecho (arts. 419 y siguientes CP), la malversación de caudales públicos (arts. 432 y siguientes CP), revelación de secretos (art. 198 CP), vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos recogidos en la Constitución (art. 511 CP), delitos urbanísticos y ambientales cada vez más extensos (arts. 319 y 320 CP), dicción de reglamentos ilegales (art. 506 CP), expropiaciones ilegales (art. 541 CP), entre otros.

En esa línea, y por otro lado, y junto a la tradicional responsabilidad disciplinaria del funcionario público, aquella que bebiendo de los principios del derecho punitivo del Estado, se pone en marcha por el incumplimiento de la normativa administrativa o el Estatuto, y es susceptible de una sanción de las previstas en la legislación de funcionarios públicos2, se han recogido otras formas de responsabilidad y ciertas novedades.

La citada regulación está prevista fundamentalmente y con carácter básico en el Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, arts. 93 a 96), que se remite a la ley del empleo público de cada comunidad autónoma para completar las faltas graves y leves y algunos «supuestos de sanciones específicas», así como a la legislación de régimen local.

Esta normativa tiene de novedoso, como veremos, que incluye en su ámbito de responsabilidad disciplinaria tanto al personal funcionario como al ligado por una relación laboral (por eso se denomina del empleado público) y ha incluido los denominados códigos de conducta y códigos éticos en su elenco de responsabilidades, extendiendo su radio de acción, códigos basados en reglas deontológicas difícilmente juridificables (así, arts. 52 a 54 EBEP).

Por otro lado, la normativa administrativa ha incorporado en las leyes de transparencia nuevas formas de responsabilidad, incluyendo también un nuevo abanico de infracciones y sanciones que son aplicables, algunas de ellas, al personal al servicio de las Administraciones públicas. Así, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, realiza, como veremos, una ampliación de la responsabilidad a los miembros del gobierno, altos cargos o asimilados de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, entes locales o de las entidades del sector público; nor- mas que se completan con las leyes de transparencia autonómicas. En concreto, se recogen: a) principios de buen gobierno (eficacia, austeridad, imparcialidad y responsabilidad); b) régimen sancionador estructurado en distintos ámbitos: infracciones en materia de conflicto de intereses, en materia de gestión económica-presupuestaria, y en el ámbito disciplinario, agrandando las infracciones y sanciones recogidas en el EBEP.

En las siguientes páginas abordaremos tres cuestiones que inciden directa- mente en la ampliación de la responsabilidad penal y administrativa del empleado público que ejerce funciones técnicas y que no decide los expedientes administrativos, pero que frecuentemente es objeto de procesos penales en su contra y de la posibilidad de apertura de procedimientos disciplinarios en los que la frontera con lo penal es de contornos difuminados.

Así, examinaremos: a) algunas novedades del derecho disciplinario del empleado público, que derivan, fundamentalmente, de los principios éticos y de conducta y de las nuevas tipificaciones de la legislación de transparencia; b) la jurisdicción penal y la práctica ausencia de límites respecto al enjuiciamiento de cuestiones administrativas en este ámbito; c) las relaciones entre la responsabilidad disciplinaria y el derecho penal y las novedades del propio non bis in ídem en ese campo, que aporta, como veremos, nuevos elementos de inseguridad jurídica en la materia.

II. EL DERECHO DISCIPLINARIO DEL EMPLEADO PÚBLICO. ALGUNAS NOVEDADES. LOS PRINCIPIOS ÉTICOS Y DE CONDUCTA. LA LEGISLACIÓN DE TRANSPARENCIA

1. PLANTEAMIENTO. EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

El régimen disciplinario de los empleados públicos (funcionarios y personal laboral) es el conjunto de normas jurídicas establecidas por el Estado que determinan los hechos ilícitos que puede cometer el personal a su servicio en el ejercicio de su cargo y prevén las sanciones a imponer por la Administración pública a resultas de un procedimiento administrativo específico.

La responsabilidad disciplinaria deriva del incumplimiento de la normativa específica que regula las relaciones de servicio y se encuentran recogidas con carácter básico en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (título VII, arts. 93 a 98)6, norma que tipifica las infracciones muy graves, las sanciones y las reglas generales del procedimiento disciplinario, la prescripción de faltas y sanciones, y se remite para la concreción de las faltas graves a una ley de las Cortes Generales o de la Asamblea legislativa de la comunidad autónoma o a los convenios colectivos en el caso del personal laboral. Del mismo modo, para la concreción de las faltas leves, se remite a las Leyes de la Función Pública que se dicten en desarrollo del citado Estatuto.

Esta ha sido la responsabilidad a la que, tradicionalmente, estaba sometido el funcionario público y sobre la que han recaído distintas novedades.

Una primera, derivada de la laboralización de la función pública por la que se ha administrativizado la responsabilidad del personal laboral (al que se aplica primero el EBEP y, en lo no previsto en él, la legislación laboral), tradicionalmente sometido al Estatuto de los Trabajadores, en las manos del orden jurisdiccional social, que preveían en principio la sanción de despido, con procedimientos más ágiles y simples. A ello se han unido, en segundo lugar, las distintas tipificaciones que derivan del respeto a los principios o valores éticos de la función pública (arts. 52 a 54 EBEP), extraídos de los denominados códigos de conducta, y algunas cuestiones relacionadas con la siempre compleja frontera entre el derecho penal y el derecho disciplinario en la tipificación de los ilícitos (la responsabilidad de la comisión de un delito doloso que cause daños a la Administración o a los ciudadanos). En tercer lugar, y relacionado con lo anterior, debemos referirnos a las cuestiones de la doble sanción o la articulación procesal de procedimientos, que también han variado. Además, se ha ampliado el elenco de infracciones y sanciones en las Leyes de transparencia y buen gobierno, a partir de la Ley estatal.

De ese modo, el régimen disciplinario de los empleados públicos viene presidido por los principios que derivan de los arts. 24 CE (derechos del procedimiento) y 25.1 CE (derechos sustantivos). Así, destacan el respeto al principio de reserva de ley, la tipicidad de faltas y sanciones, el derecho a la irretroactividad, el principio de culpabilidad y la presunción de inocencia (art. 94 EBEP).

Respecto a la tipificación de las infracciones, las muy graves se encuentran en el art. 95 EBEP, las faltas graves serán las establecidas por Ley de las cortes Generales o por los distintos Parlamentos autonómicos o por los convenios co- lectivos en el caso del personal laboral. También se tipificarán de esa manera las faltas leves.

Respecto a las sanciones, es el art. 96 EBEP el que prevé los distintos castigos (separación del servicio, despido disciplinario del personal laboral, suspensión firme de funciones o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral con una duración máxima de 6 años; traslado forzoso, con o sin cambio de residencia; demérito, apercibimiento y otras que se establezcan por Ley).

Respecto al procedimiento disciplinario, después de la declaración del TC en su lejana pero vigente STC 18/1981, de 8 de junio, respecto a la aplicación finalista del art. 24 CE a los procedimientos disciplinarios y, en concreto, los derechos previstos inicialmente para los procesos judiciales a los procedimientos administrativos disciplinarios (art. 24.2 CE), las reglas que rigen esos procedimientos están previstas en el art. 98 EBEP y los trámites y particularidades reforzados en la Ley 39/2015, de aplicación también a los procedimientos administrativos sancionadores (arts. 63, 64 y 90, particularmente).

Sobre ese tradicional panorama ha incidido, fundamentalmente, la legislación de transparencia, que ha ampliado la tipificación de infracciones y sanciones, como veremos seguidamente.

2. LA AMPLIACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA Y PRINCIPIOS ÉTICOS

Junto a la clásica responsabilidad disciplinaria del empleado público, que bebe de las fuentes del derecho punitivo del Estado y, por tanto, aplica con matices sus principios, reglas y garantías, han ido surgiendo exigencias nuevas, que tienen su origen en la teoría de valores y que constituyen reglas éticas, intentando su juridificación con escasa fortuna, poniendo un grano más de arena en la sensación de incertidumbre o inseguridad jurídica en este ámbito.

Así, los empleados públicos, según el art. 52 EBEP:

[…]deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes.

Los principios y reglas establecidos en este capítulo informarán la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos.

Para ello, deberán respetar unos principios éticos y principios de conducta (arts. 53 y 54 EBEP).

Entre los primeros, destacan que los empleados públicos ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración y con sus superiores, compañeros y subordinados; respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico, su conducta se basará en el respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas, cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o encomienda, no comprometerán la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos.

Entre los segundos, los principios de conducta, se prescribe que tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, administrarán los recursos públicos con austeridad, rechazarán cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía.

Como vemos, una serie de principios y reglas que informan la interpretación y aplicación del régimen disciplinario. El problema es que todo ese conjunto de previsiones:

a) Resultan difícilmente juridificables, pues se basan en conceptos deontológicos que no técnicos, cuando este había sido el caballo de batalla de muchos juristas y de la jurisprudencia, como veremos posteriormente.

b) El incumplimiento de esas reglas constituye, en ocasiones, una infracción disciplinaria que comporta una sanción, volatilizando así el principio de tipicidad.

En este último aspecto hay que hacer especial referencia a la legislación de transparencia: la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTBG). Esta legislación y sus homónimas de las comunidades autónomas recogen también los principios éticos y de actuación que deben regir la labor de los miembros del Gobierno y altos cargos y asimilados de la Administración del Estado, de las comunidades autónomas, y entes locales, además de los altos cargos de la Administración institucional, reforzando el régimen sancionador que les resulta de aplicación.

Así, se incluyen los principios de buen gobierno (transparencia, dedicación, imparcialidad, diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones, igualdad y no discriminación, mantenimiento de una conducta digna y asunción de responsabilidades). Junto a ellos, unos principios de actuación (plena dedicación, reserva, no aceptación de regalos, transparencia, protección de los recursos públicos, art. 26 LTBG).

Todo ello informará la interpretación y aplicación del régimen sancionador. Por otro lado, se amplía el régimen sancionador en materia de conflicto de intereses, de gestión económico-presupuestaria y se recoge un conjunto de infracciones disciplinarias y sus correspondientes sanciones, incluida la destitución del cargo, no pudiendo ser nombrado para ocupar un nuevo puesto de alto cargo o asimilado durante un período de entre cinco y diez años9, previéndose también un procedimiento y unos plazos de prescripción.

Una de las cuestiones que plantea ese elenco de responsabilidades es su ámbito de aplicación, pues, por ejemplo, la Ley Catalana de Transparencia, en su art. 82, establece que esas sanciones serán aplicables «al personal al servicio de las Administraciones Públicas», y no únicamente a los cargos de gobierno y altos cargos, produciendo confusión respecto a una cuestión importante de ese sistema de responsabilidad.

3. UNA VISIÓN CRÍTICA

La aparición de esos códigos de conducta y principios éticos han retrotraído la responsabilidad de los empleados públicos al ordenamiento jurídico pre- constitucional. En él era frecuente «la tipificación de infracciones administrativas

no tanto legales cuanto puramente deontológicas, de apreciación abierta virtualmente» (García de Enterría-T.R. Fernández, 1982)10.

Entre ellas, destacaban «la falta de probidad moral» (art. 88 LFCE), la co- misión de «actos deshonrosos» (art. 94 LFCE), «la falta de ética y dignidad profesional» (Ley de Colegios Profesionales de 1974) o el «atentado grave a la dignidad de los funcionarios» (art. 7.1.ñ) RDFCE).

El problema de este tipo de tipificaciones, cuya infracción daba lugar a la exigencia de responsabilidad con consecuencias a veces irreparables, pues com- portaba la separación del servicio, es que se utilizan conceptos difícilmente juridificables, en lugar de tipos jurídicos tecnificados.

En nuestro ordenamiento, el ejemplo más representativo fue la llamada falta de probidad moral o material11 que tanto juego dio a la hora de sancionar conductas de todo tipo, pero que nadie consiguió concretar en qué consistía, hasta dónde extendía sus límites y cuál era su significado, llegándose a calificar como «falta de hombría de bien»12, «quebranto de los principios de rectitud, integridad moral y honradez en el obrar»13.

Obviamente, y como digo, la doctrina hace ya años denunció que la utilización de «la fórmula de las infracciones disciplinarias de carácter deontológico profesional… no sería admisible en un sistema punitivo abstracto basado en una situación de supremacía general (sería el llamado por la doctrina alemana “parágrafo del sinvergüenza”, que no llega a tipificar una concreta conducta antijurídica punible), pero cabe, sin embargo, bajo una relación de supremacía especial, como expresión tanto de la disciplina interna de la organización como por la cercanía moral de los titulares del órgano sancionatorio, normalmente pares del inculpado, interpretando un sistema ético que les envuelve a ambos»14.

Tras la promulgación de la Constitución, esos conceptos fueron paralela- mente suprimidos de la legislación funcionarial, pues simplemente, a nuestro juicio, volatilizan el principio de tipicidad y, por tanto, chocan frontalmente con el art. 25.1 CE.

Con la inclusión de los códigos de conducta y los principios éticos, sea como fuente de inspiración del derecho disciplinario, sea directamente como una infracción que da lugar a una sanción disciplinaria, se está sumiendo al sistema de responsabilidad administrativa del funcionario en la más absoluta inseguridad jurídica, alejándose de las reglas técnicas y del derecho para adentrarnos en otro sistema de valores y principios, muy respetables, pero que casan mal con el dere- cho punitivo del Estado.

III. LA JURISDICCIÓN PENAL Y LA PRÁCTICA AUSENCIA DE LÍMITES RESPECTO AL ENJUCIAMIENTO DE CONDUCTAS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS PURAMENTE ADMINISTRATIVAS

1. PLANTEAMIENTO. LAS POSIBLES CAUSAS DE LA SITUACIÓN QUE VIVIMOS

Durante décadas, el sistema de control administrativo y jurisdiccional de la Administración pública ha resultado deficiente. Entre las disfunciones del sistema, podríamos destacar las siguientes:

1) Un sistema arcaico de recursos administrativos contra los actos y de- cisiones de las Administraciones públicas. Las sucesivas leyes de procedimiento (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) no han modificado, en esencia, el privilegio que tienen las Administraciones públicas de revisar, como requisito previo al acceso a la jurisdicción, sus actos o decisiones mediante la interposición del recurso de alzada en los supuestos de actos que no agotan la vía administrativa o no causan estado, es decir, aquellos provenientes de órganos que tienen superior jerárquico. Además, los plazos de interposición y desestimación por silencio (en el recurso de alzada, un mes para la interposición y tres meses para su desestimación por silencio) tampoco han sido modificados, cuestión que retrasa el acceso al control judicial.

Ello, unido al privilegio de ejecutividad de los actos, que hace que el ciudadano corra con la carga de recurrir y deba cumplir con lo notificado o publicado, porque el sistema de suspensión de los actos en vía de recurso ha permanecido inalterado en la LPAC (art. 117 LPAC, anterior art. 111 LRJPAC).

Tampoco el legislador ha querido generalizar los sistemas alternativos de control de los actos previstos de forma puntual o saltuaria en la legislación, que

otorga un auténtico control (mediación, arbitraje, conciliación, art. 112 LPAC) y otros recursos especiales, tal y como sucede en sectores como la contratación (arts. 44 y siguientes Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por el que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014) o la expropiación forzosa (arts. 31 y siguientes de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa).

2) A ello se ha unido un sistema de control jurisdiccional vía contencioso-administrativo que tradicionalmente ha sido poco contundente. La negativa a adoptar medidas cautelares, el carácter revisor de la jurisdicción, un sistema de control mejorable, sobre todo respecto a la inactividad de la Administración, y en particular, una lentitud exasperante en la ejecución de las sentencias, debido sobre todo a la falta de nuevos juzgados y medios, ha provocado esa situación.

El tema se va agravando con la nueva configuración del recurso de casación que, a falta de una doble instancia, se convierte nuevamente en una práctica de negación de la justicia (art. 86 Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris- dicción Contencioso Administrativa), y no digamos el recurso de amparo frente a actos de los poderes públicos.

En base a esas circunstancias, toda actuación administrativa del funciona- rio público es examinada por la jurisprudencia penal, sin prácticamente límites, como veremos seguidamente.

2. LAS DISFUNCIONES DEL SISTEMA PENAL, SUSTANTIVAS Y PROCESALES

Como situación previa a ese relato, dos datos quisiéramos destacar, que ya recuerda Manuel Rebollo. Por un lado, el sistema administrativo español requería, en el pasado, autorización previa para procesar a los funcionarios y autoridades administrativas (así, por ejemplo, art. 666 LECrim).

Por otro lado, el art. 114 LECrim recordaba que «promovido juicio criminal en averiguación de un delito no podrá seguirse pleito sobre el mismo hecho; suspendiéndose si lo hubiere en el estado en que se hallare, hasta que recaiga sentencia firme».

En la actualidad, debido en parte a las causas señaladas, se ha abierto la jurisdicción penal desde los años noventa al enjuiciamiento de las actuaciones administrativas de los empleados públicos con funciones técnicas, cuestión que se ha ido agravando hasta la fecha.

La jurisdicción penal y el derecho penal han dejado de ser la «última ratio», es decir, la última razón o último argumento jurídico.

Las sanciones penales ya no se limitan al círculo de lo indispensable, en beneficio de otras sanciones (administrativas) o incluso la tolerancia de los ilícitos más leves; tampoco implica ya que deba utilizarse cuando ya no hay más remedio, es decir, tras el fracaso de cualquier otro modo de protección. Es lo que se ha denominado el principio de intervención mínima, que guiaba el ius puniendi del Estado y que actuaba como un límite al legislador y al propio juez de la jurisdicción penal, que solo podía centrarse en castigar las conductas más graves, aplicando las penas establecidas en la ley siempre y cuando se cumplieran todos los elementos del delito. Era un límite, por tanto, a la función judicial en la aplicación de las penas (art. 5.1. LOPJ)18.

Tanto desde el punto de vista sustantivo o de fondo como procesal, la juris- dicción penal se ha abierto a analizar todo tipo de conductas de los empleados públicos y autoridades, y además con unas amplias reglas de legitimación para pre- sentar la notitia criminis y las denuncias ante ese orden jurisdiccional, entrando a examinar todas las cuestiones (también las derivadas del derecho administrativo).

Veamos los fenómenos que se están produciendo:

1. La tipificación extensa de conductas y la incorporación cada vez mayor de leyes penales en blanco.

Por razones diversas19, el Código Penal incorpora cada vez más ilícitos que para su determinación requieren examinar la vulneración, o no, del derecho administrativo. Además, este es cada vez más complejo en materias como la contratación, el urbanismo, el medio ambiente, y se ha incluido entre los sujetos responsables penalmente también al personal al servicio de las Administraciones públicas, no solo a los responsables políticos o autoridades que deciden. Del análisis del Código Penal vigente podemos destacar los siguientes preceptos:

a) El delito de prevaricación del funcionario público (art. 404 CP): «A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de

inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.»

b) Delito de cohecho (art. 419 CP): «La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar, incurrirá en la pena de prisión de tres a seis años, multa de doce a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a doce años, sin perjuicio de la pena correspondiente al acto realizado, omitido o retrasado en razón de la retribución o promesa, si fuera constitutivo de delito».

Estos constituyen tipos de delitos particulares en razón del sujeto (empleado público) que los puede cometer. Junto a ellos, destacan el delito de prevaricación urbanística (art. 320 CP); el delito de prevaricación contra el patrimonio histórico (art. 322 CP); el denominado delito de prevaricación ambiental (art. 329 CP); o el delito de expropiación ilegal (art. 541 CP).

También se recogen otros, más tradicionales, y que afectan a los empleados públicos en el ejercicio de sus cargos: abandono de destino, omisión de perseguir delitos (arts. 407 a 409 CP); de la desobediencia y denegación de auxilio (arts. 410 a 412 CP); de la infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos (arts. 413 a 418 CP); distintos tipos de cohecho (arts. 420 a 427 bis CP); de tráfico de influencias (arts. 428 a 431 CP); de la malversación (arts. 432 a 435 bis CP); fraudes y exacciones ilegales (arts. 436 a 438 CP); de las negociaciones y las actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función (arts. 439 a 444 CP); delitos contra la Constitución (arts. 472 a 543 CP); delito de sedición (arts. 544 a 549 CP).

En consecuencia, en todos esos delitos pueden ser sujetos responsables los empleados públicos con funciones técnicas, muchas veces de asesoramiento y control (interventores, secretarios de ayuntamientos, asesores jurídicos, arquitectos, ingenieros, gerentes de empresas públicas u organismos públicos, miembros de la mesa de contratación). En unos casos son delitos especiales por razón del sujeto; en otros, se trata de la accesoriedad administrativa de ciertos tipos penales.

La jurisdicción penal, como veremos, no solo considera autor de los delitos a responsables políticos que deciden, que adoptan el acuerdo o la resolución, sino también a los empleados públicos con funciones técnicas20, cuando hasta hace pocas fechas quedaban fuera del ámbito penal los actos que no tenían carácter decisorio, como informes, consultas, circulares o dictámenes (STS de 23 de febrero de 1998).

Además, del análisis de esos preceptos se deriva otra dificultad, y es que los mismos constituyen normas penales en blanco, cuya concreción depende de la interpretación de conceptos que provienen del derecho administrativo, labor para la que el juez penal, en ocasiones, no está avezado.

2. La jurisdicción penal declara la nulidad de actos administrativos.

La cuestión tiene difícil fundamento legal21, pero tendría las siguientes bases jurídicas, a saber:

a) Por un lado, el art. 47.1.d) LPAC, que declara que son nulos de pleno derecho los actos administrativos «que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta».

Sin entrar en más disquisiciones, la jurisdicción penal considera que puede declarar la nulidad de actos constitutivos de delito, olvidando que el precepto es técnicamente mucho más complejo22.

b) Por otro lado, el criterio para anular licencias, reglamentos, ordenanzas, incluso planes urbanísticos, es el art. 3 de la LECrim, que señala que: «[…]la competencia de los Tribunales encargados de la justicia penal se extiende a resolver, para sólo el efecto de la represión, las cuestiones civiles y administrativas prejudiciales propuestas con motivo de los hechos perseguidos, cuando tales cuestiones aparezcan tan íntimamente ligadas al hecho punible que sea racionalmente imposible su separación».

La interpretación que están haciendo los tribunales penales olvida, a nuestro juicio, que el enjuiciamiento de la actuación administrativa es «para solo el efecto de la represión».

3. Además, y en tercer lugar, la jurisdicción penal orilla las reglas de impugnación de los actos administrativos, menosprecia el problema de si el acto es firme o no ha sido impugnado en vía administrativa, los plazos para recurrirlo o si ha agotado la vía administrativa. Por tanto, cuestiones que en el ámbito jurídico administrativo harían irrecurrible el acto, resucitan en vía penal por mor de la actuación de la jurisdicción penal y sirven o ayudan a procesar e, incluso, condenar a los empleados públicos que participan en el procedimiento administrativo, en la toma de decisiones.

A nuestro juicio, esta cuestión debe ser valorada con cautela y caso por caso, atendiendo fundamentalmente a la posibilidad de impugnación del acto en vía administrativa. Así, por ejemplo, en un procedimiento de contratación, es más que probable que haya un licitador perjudicado por una decisión ilegal, que podría haber impugnado la decisión adoptada por la Administración por los cauces ordinarios, antes de que adquiera firmeza; mientras que, en el caso de una licencia de obras, el destinatario del acto, beneficiado por el mismo, no lo impugnará, y el acto habrá ganado firmeza antes de que sea conocido por terceras personas.

4. Respecto a la legitimación para actuar, se permite la vía de la denuncia y la querella, la actuación del Ministerio Fiscal y, como es sabido, la acción pública o popular recogida en los arts. 101 y 270 LECrim.

Muchos de los supuestos que acaban en sentencia condenatoria tienen su origen en la utilización de la acción pública o popular por parte de asociaciones creadas ad hoc, partidos políticos, simples ciudadanos. También puede suceder que sea el Ministerio Fiscal quien accione el proceso.

Sin estar en desacuerdo con una concepción amplia de esas vías de actuación, sí que se constata, en ocasiones, su utilización fraudulenta.

5. La supuesta derogación de las cuestiones prejudiciales devolutivas. Cuan- do, en un proceso penal, debía hacerse una interpretación de una norma administrativa que fuera determinante de la culpabilidad o inocencia del investigado, debía suspenderse el procedimiento hasta que el Tribunal de lo contencioso respondiera y, con posterioridad, el juez penal, a la vista de la respuesta, decidiera.

Así lo formula el art. 4 LECrim, que prevé: «Sin embargo, si la cuestión prejudicial fuese determinante de la culpabilidad o de la inocencia, el Tribunal de lo criminal suspenderá el procedimiento hasta la resolución de aquélla por quien corresponda; pero puede fijar un plazo, que no exceda de dos meses, para que las partes acudan al Juez o Tribunal civil o contencioso-administrativo competente. Pasado el plazo sin que el interesado acredite haberlo utilizado, el Secretario judicial, mediante diligencia, alzará la suspensión y continuará el procedimiento. En estos juicios será parte el Ministerio Fiscal».

En una serie de sentencias del TC (STC 30/1996, de 26 de febrero, entre otras), y ante la condena a penas privativas de libertad a una persona por considerar que había cometido intrusismo por ejercer de odontólogo sin título (cuando precisamente el tema clave era saber si el título expedido en Santo Domingo, de acuerdo con las normas administrativas, era válido en España), el TC anula las resoluciones penales por no haber suspendido el proceso penal previamente.

Sin embargo, esa doctrina ha sido rectificada por el Tribunal Supremo (STS 64/2019, de 6 de febrero), que considera que el art. 4 LECrim ha quedado de- rogado por el art. 10 LOPJ, concluyendo que «no son admisibles las cuestiones prejudiciales devolutivas en el proceso penal español», cuando de la lectura de los dos preceptos se deduce claramente que nada tiene que ver uno con el otro.

Esa afirmación de nuestros más altos tribunales carece de un mínimo razonamiento25, pues el art. 10.1 LOPJ se limita a señalar que «a los solos efectos perjudiciales, cada orden jurisdiccional podrá conocer de asuntos que no le están atribuidos privativamente». Del contraste de ambas normas no resulta, a nuestro juicio, la derogación por contradicción de las previsiones de la LECrim.

3. ALGUNOS EJEMPLOS DE LA JURISPRUDENCIA PENAL

Todas esas cuestiones han provocado, en relación a los empleados públicos que ejercen funciones técnicas, un aumento de procesos penales, investigados y condenados, sin más dique de contención. Veamos algunos de ellos:

1) La STS 340/2012, de 30 de abril, casa la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz de 15 de mayo de 2011, que condenó a los miembros de la mesa de contratación (secretario, instructor, técnicos contratados por el Ayuntamiento) y al personal que avaló diferentes informes técnicos por la comisión de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros, en el seno de un procedimiento que tenía por objeto la adjudicación por concurso de unas parcelas municipales. La Audiencia Provincial consideró que las firmas de las escrituras por las que se transmitían las parcelas, que permitían el pago aplazado aunque ello no estaba previsto en el pliego, eran resoluciones arbitrarias; y que el procedimiento administrativo era «altamente cuestionable».

Ante este pronunciamiento, el Tribunal Supremo señala, por un lado, que una escritura pública formalizada ante notario no tiene la consideración de re- solución administrativa a los efectos del Código Penal, y que se rige por el derecho privado; y, por otro lado, que el aplazamiento del pago tampoco es una cuestión indiscutible, sino que, de acuerdo con la legislación administrativa, la configuración legal de este modo de pago es ciertamente compleja, por lo que no existe una conculcación manifiesta del ordenamiento jurídico-administrativo y el control debería haberse realizado, en su caso, por los órganos jurisdiccionales competentes.

2) La STS 429/2012, de 21 de mayo, que condena a distintos directivos de una empresa pública por delito de malversación de caudales públicos, ya que ob- tenían unas retribuciones superiores a través de la constitución de un falso fondo de pensiones o mediante el otorgamiento de premios de permanencia con cargo a fondos públicos. También son condenados por delito de prevaricación de los funcionarios públicos en base a que los directivos acordaban mediante resoluciones destinar parte del presupuesto de la empresa a incrementar sus retribuciones por la vía de establecer el derecho a percibir unas determinadas cantidades en el momento en que finalizara su relación empresarial.

Uno de los argumentos en el que se basa el recurso de casación interpuesto por los condenados recurrentes es que no puede haberse cometido un delito de prevaricación en la medida en la que los contratos no integran el concepto de «resolución en asunto administrativo», sino que se trata de contratos que comportan el reconocimiento de derechos económicos derivados de la relación laboral o profesional mantenida con una entidad que, a pesar de ser pública, tiene carácter empresarial. Este motivo de impugnación es desestimado por el tribunal que se pronuncia, tanto sobre la finalidad de la empresa en cuestión como sobre el concepto de acto administrativo.

3) STS 625/2015, de 22 de diciembre (caso Malaya): el Tribunal condenó al alcalde, concejales del Ayuntamiento y gerentes de empresas públicas municipales por un delito de malversación de caudales públicos, considerando probado que se había producido un saqueo del Ayuntamiento a través del vaciamiento de sus funciones transfiriéndolas a sociedades municipales más opacas al control, consiguiendo mediante técnicas diversas desviar fondos públicos; y por un delito de prevaricación, al haberse asumido por decreto de alcaldía una deuda ajena al Ayuntamiento sin justificación alguna.

El Tribunal penal entra a valorar los diversos contratos que se habían realizado, y declara la autonomía de la jurisdicción penal para lo que corresponda en relación a la existencia de delitos, con independencia de lo que haya podido acordar el Tribunal de Cuentas en el ámbito administrativo.

4) STS 722/2018, de 23 de enero (caso referéndum ilegal en Cataluña): el Tribunal condena a funcionarios públicos con funciones técnicas de la Generalitat por desobediencia, no por prevaricación, ya que argumenta que, por su naturaleza, el delito de desobediencia absorbe al de prevaricación29.

5) STS 214/2018, de 8 de mayo (caso Gurtel-Fitur): el Tribunal Supremo confirma íntegramente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que condenó a penas de entre tres y trece años de cárcel a once acusados —la consejera de turismo, el jefe de Gabinete y algunos funcionarios de la Consejería— por amañar contratos entre la Generalitat valenciana y la trama Gürtel para la feria de turismo FITUR en las cinco ediciones entre los años 2005 y 2009.

La sentencia confirma que los acusados incurrieron en delitos de malversación de caudales públicos; cohecho activo; tráfico de influencias; y asociación ilícita, además de la falsedad documental y la prevaricación administrativa en algunos de los condenados; recalcando las características que definen los delitos de corrupción y la finalidad perseguida con su represión.

6) STS 163/2019, de 26 de marzo: condena por malversación de caudales públicos y prevaricación al secretario delegado de la Gerencia de Urbanismo, al secretario del Ayuntamiento, al interventor del Ayuntamiento, al interventor delegado de la Gerencia de Urbanismo y al gerente de la Gerencia de Urbanismo. Los funcionarios públicos condenados emitieron informes favorables a la alteración de precios del terreno, controlaban y fiscalizaban la gestión económica, financiera y presupuestaria y redactaron y firmaron la memoria explicativa y justificativa del correspondiente Convenio Urbanístico; por lo que el Tribunal Supremo afirma que existió «connivencia y cooperación» para alterar el precio de los terrenos con perjuicio a las arcas municipales, y que la actuación se llevó a cabo «a sabiendas de su injusticia para conseguir el fin pretendido».

De esta jurisprudencia podemos concluir:

a) Que la jurisdicción penal se declara autónoma para enjuiciar si se han vulnerado o no las reglas del derecho público, del derecho administrativo (reglas contables, urbanísticas, de contratación, organizativas, ambientales, planificación, ejecución y gestión, gestión directa o indirecta de servicios públicos, subvenciones públicas, licencias o autorizaciones, expropiación forzosa, reglas de la formación de la voluntad de los órganos colegiados, estatuto de los empleados públicos, vulneración o no de derechos fundamentales). Se dice expresamente que la jurisdicción penal enjuicia e interpreta los conceptos legales necesarios para determinar los delitos en blanco, de manera autónoma o independiente de las reglas del derecho administrativo, y de la interpretación que de las mismas haya hecho la jurisdicción contencioso-administrativa.

b) Que no existe obligación por parte de la jurisdicción penal de plantear cuestión prejudicial alguna de cuestión interpretativa de derecho administrativo. Aquí no rige ni el art. 3 ni el art. 4 LECrim (derogado); sino el art. 10 LOPJ. Por tanto, la jurisdicción penal puede interpretar cuestiones relativas al derecho administrativo, determinantes del sentido del fallo y lo puede hacer sin tener en cuenta la jurisprudencia de las salas de lo contencioso.

c) La autoría de esos delitos no se circunscribe a las personas que toman la decisión, que redactan la resolución (cargos políticos). El concepto de funcionario público (art. 24 CP) incluye a los cargos políticos (alcaldes, concejales, ministros, presidentes de las comunidades autónomas), altos cargos (gerentes de empresas públicas), así como cargos técnicos, tengan relación laboral o funcionarial (arquitectos municipales, secretarios de ayuntamiento, asesores jurídicos, interventores, ingenieros, miembros de las mesas de contratación). Además, se incluye a cualquier empleado público, unido por una relación laboral o funciona- rial con la Administración pública o con alguno de sus entes instrumentales.

d) Las resoluciones judiciales penales no entran con la contundencia que merece el tema a examinar y distinguir si el dictamen o informe de los funcionarios es preceptivo o vinculante. Sí que se examina si la decisión del órgano político se adecua o no al informe o informes técnicos que constan en el expediente. Tampoco se maneja con soltura para determinar si el informe debió solicitarse o no, y quién es el responsable de que no se hiciera o se omitiera. No queda claro, para absolver o condenar al empleado público, en definitiva, si el funcionario, con funciones técnicas de asesoramiento, es el que indujo al error mediante la emisión de un informe equivocado31.

e) El proceso penal puede iniciarse incluso contra resoluciones o actos administrativos que no han sido impugnados en vía administrativa y que, por tanto, son firmes, o han ganado firmeza, pues no fueron recurridos en tiempo y forma. Esta cuestión tampoco es trascendente para la jurisdicción penal, dando cabida, una vez más, a la inseguridad jurídica. Tampoco es relevante si el acto es definitivo o resolutorio o es un acto trámite. Estos últimos (informes del secretario del ayuntamiento, interventores o asesores jurídicos) también merecen el reproche penal.

f) Respeto al delito de prevaricación, la jurisdicción penal también lo interpreta, en ocasiones, de manera laxa, entendiendo que una resolución arbitraria en sentido administrativo es aquella que olvida los límites del ejercicio de las potestades regladas o discrecionales. Esta errónea interpretación amplía de manera indebida los límites del derecho penal, pues prácticamente todo acto ilegal o con- trario al derecho administrativo podría ser susceptible de delito de prevaricación, cuestión no querida por el legislador y contraria a la esencia misma del Estado de derecho32. Las sentencias penales no otorgan la importancia que debiera al elemento de la motivación de los actos administrativos que es la explicación de las razones por las cuales la Administración ha actuado de una manera o de otra.

g) Las reglas de legitimación activa tampoco son obstáculo para el enjuiciamiento de conductas relacionadas con el derecho administrativo y el personal técnico de la Administración.

Así se permite el ejercicio de la acción pública o popular sin ningún límite, o la denuncia dirigida al Ministerio Fiscal para que inicie un proceso penal a los empleados públicos.

Como vemos, un panorama que se aleja ciertamente del principio de seguridad jurídica y deja en una difícil posición al personal técnico de la Administración.

IV. LAS RELACIONES ENTRE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA Y EL DERECHO PENAL. NOVEDADES CONTRARIAS A LA FORMULACIÓN TRADICIONAL DEL PRINCIPIO DE NON BIS IN IDEM

Otra circunstancia que agrava la situación de inseguridad jurídica del empleado público es la nueva interpretación que del art. 25.1 CE ha realizado el TC, permitiendo no solo la doble sanción penal y disciplinaria, sino también que el procedimiento disciplinario y el proceso penal puedan discurrir de forma autónoma, rectificando la doctrina tradicional.

Como es sabido, el principio non bis in idem, que deriva del art. 25.1 CE, encierra un tradicional principio general del derecho con un doble significado: de una parte, su aplicación impide que una persona sea sancionada o castigada dos veces por la misma infracción (vertiente material). Por otra, es una principio procesal en cuya virtud un mismo hecho no puede ser objeto de dos procesos distintos o, si se quiere, «no dos procesos con el mismo objeto». Esta vertiente procesal impide, como veremos, la actuación paralela de la jurisdicción penal y el procedimiento disciplinario.

La vertiente material del principio (recogida ahora con carácter general en el art. 31 LRJSP) se inaplicaba en las relaciones con los empleados públicos. Cuando un mismo hecho está tipificado como delito e infracción disciplinaria, el TC, y nuestra legislación, entendió que podía ser sancionado doblemente (en vía penal y en vía administrativa), por concurrir identidad de objeto, hecho, pero no de fundamento jurídico. Por tanto, existe bis pero no «idem».

Respecto al non bis in idem procesal, la doctrina era clara. Cuando de la instrucción de un procedimiento resulta la existencia de indicios fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación, poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Los hechos declarados probados por la resolución judicial firme vinculan a la Administración, sin que puedan ser contradichos. Se reconoce, pues, una subordinación de la Administración al juez penal (así, art. 94.3 EBEP; STC 77/1983, de 3 de octubre). La vulneración de esas reglas constituiría la vulneración del principio de non bis in idem (en su vertiente procesal) que deriva del art. 25.1 CE y, por tanto, la sanción que en su caso recayera sería nula de pleno derecho (art. 47.1.a LCAP).

Así, el TC había declarado: a) la regla de la subordinación del procedimiento disciplinario y de la potestad sancionadora a la jurisdicción penal; b) si el mismo hecho puede ser constitutivo de infracción disciplinaria y delito, se debe paralizar la instrucción del procedimiento disciplinario, comunicarlo al Ministerio Fiscal y esperar a la firmeza de la resolución penal, en el caso que recaiga; c) la descripción fáctica de los hechos por el juez penal no puede ser contravenida por la Administración y en este sentido, si el juez penal declara que los hechos no han existido o el expedientado no ha participado en los mismos, esa realidad no puede ser contradicha por la Administración en el ejercicio de la potestad disciplinaria.

Esas reglas han sido afectadas por la STC 2/2003, de 16 de enero, que incorpora la denominada técnica del descuento, permitiendo la doble sanción (penal y administrativa del orden general) siempre que, en el caso de la multa, pueda ser descontada la que se haya pagado en vía administrativa. Por lo que respecta al non bis in idem procesal, el TC no ha declarado su vulneración cuando la Administración resuelve el procedimiento sancionador con anterioridad a la finalización del proceso penal.

Esta actuación, que infringe a nuestro juicio el art. 25.1 CE, ahora se per- mite con ciertos matices, no del todo claros34, resucitando la doctrina de las dos verdades denominada por la doctrina y la jurisprudencia en el pasado, y poniendo un grano de arena más en la inseguridad jurídica en que está sumida esta parte del ordenamiento jurídico.

En definitiva, y como conclusión, la reconstrucción del sistema pasaría por concretar bien las siguientes reglas:

  • —  La infracción de los códigos éticos o de conducta no puede significar automáticamente la comisión de una infracción disciplinaria y su correspondiente sanción dada la difícil juridificación de los conceptos deontológicos y éticos empleados. Los principios de buen gobierno y principios éticos que derivan de la legislación de transparencia deben resultar de aplicación a los cargos de Gobierno y altos cargos, no a los empleados públicos con funciones técnicas, confundiendo así y ampliando el sistema de responsabilidad.
  • —  Es necesario, desde el punto de vista sustantivo o material, reconducir el conjunto de delitos por los que pueden verse afectados empleados públicos, a sus justos términos. La intervención mínima del derecho penal debe volver a restablecerse y aplicar una coordinación entre los ilícitos penal y disciplinario, probablemente desde la teoría de la distinción cualitativa. La actual situación es, una vez más, de auténtica inseguridad jurídica y el derecho penal está abierto al enjuiciamiento penal de cualquier conducta del personal al servicio de las Administraciones públicas.
  • —  Desde este punto de vista, los delitos de los funcionarios públicos, como la malversación, la prevaricación o el cohecho son excesivamente abiertos, permitiendo que cualquier conducta o decisión administrativa que se repute ilegal puede llegar a ser examinada desde el derecho penal, cuestión a todas luces contraria a la esencia del derecho penal y el Estado de derecho. También debería tenerse en cuenta la accesoriedad administrativa de ciertos ti- pos penales (delitos urbanísticos, delito ecológico o delito fiscal), cosa que la jurisprudencia no concreta y entra a analizar distintas cuestiones complejas que derivan del derecho administrativo.
  • —  Es importante que en el ámbito penal el juez distinga distintos supuestos respecto a la distribución de competencias entre los cargos electos, el órgano político que decide y dicta un acto ilegal y el papel del empleado público que ha hecho el informe técnico favorable o desfavorable o que simplemente debiendo hacerlo no se le solicitó, o si fue el informe el que llevó a la confusión en la decisión administrativa. La jurisdicción penal no entra a fondo a analizar estas cuestiones que son esenciales para determinar la responsabilidad del personal técnico al servicio de las Administraciones públicas. En este sentido, la jurisprudencia del TS debería ser más clara en la determinación de si el funcionario con funciones de asesoramiento legal o técnicas indujo al error mediante la emisión de un informe viciado o si, en cambio, el in- forme era desfavorable y el hecho de apartarse de él fue el fundamento del delito. Tampoco aclara el papel de la motivación del órgano que resuelve en ese ámbito (si el acto estaba o no motivado, si en el expediente se justifica la separación del sentido del informe técnico). Así pues, aunque parezca baladí, es importante a estos efectos la distinción elemental, pero básica, entre informe preceptivo, no preceptivo; vinculante, no vinculante y la motivación de la resolución administrativa al respecto.

    La complejidad del derecho administrativo en muchos campos (urbanístico, medio ambiental o fiscal) hace que resulte imprescindible respetar la prejudicialidad administrativa en el proceso penal y las cuestiones prejudiciales devolutivas, volviendo a doctrina de la STC 30/1996, de 26 de febrero, entre otras. Entender, como hace el TS, que esas cuestiones prejudiciales y los arts. 3 y 4 de la LECrim han sido derogados por el art. 10 de la LOPJ no resulta riguroso desde el punto de vista de la técnica jurídica y no ayuda a establecer la seguridad jurídica en un ámbito tan sensible como este.