Simplificación administrativa y modificación o supresión de las técnicas de limitación o intervención

Simplificación administrativa y modificación o supresión de las técnicas de limitación o intervención

 

Simplificación administrativa y modificación o supresión de las técnicas de limitación o intervención

Por Joan Manuel Trayter

 

SUMARIO

I. El punto de partida: las tradicionales potestades de limitación. Su exagerada proliferación en nuestro ordenamiento, no siempre basada en razones de interés general.

II. La reconstrucción del sistema.

III. Determinaciones conceptuales. Qué son y cómo funcionan la comunicación y la declaración responsdable.

IV. Los principios sobre los que se sustentan las técnicas de limitación como mandato al legislador y como límites y criterios de interpretación al aplicador de la norma.

V. Ejemplos mala praxis: Las rémoras del pasado.

  1. La exigencia en la presentación de la declaración responsable y la comunicación previa de un gran número de documentos, estableciendo controles o requisitos previos a su formalización que desnaturalizan esas figuras.
  2. El carácter diferido de los efectos de la presentación de la declaración responsable y la comunicación. La inscripción de registros.
  3. La previsión de suspensión o cese de la actividad por falta de documentación.

VI. ¿Puede aplicarse el instituto de la responsabilidad de la administración por daños?

  1. La problemática que se plantea.
  2. Los supuestos indemnizatorios. La inactividad administrativa. Los planes de inspección.

VII. Bibliografía.

RESUMEN

Este trabajo analiza las recientes normas de simplificación administrativa referidas, particularmente, a la modificación o supresión de las técnicas de limitación o intervención en la actividad económica, la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios. Intenta hacer un marco general a la luz de las distintas normas.

El punto de partida es la necesaria reducción de las licencias o autorizaciones a estrictas razones de interés general. A partir de ahí, se analizan otras figuras como la comunicación y la declaración responsable, los principios sobre los que se sustentan esas técnicas de limitación, algunos ejemplos en los que se incumple la normativa actual y los puestos en los que la Administración puede responder por daños al no ejercer sus potestades de inspección o sancionadoras.

 

I. El punto de partida: las tradicionales potestades de limitación. Su exagerada proliferación en nuestro ordenamiento, no siempre basada en razones de interés general.

Es sabido que, a partir, fundamentalmente, de la Directiva de Servicios (Directiva 2006/23, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006), nuestro ordenamiento está sufriendo unos cambios acelerados y desordenados respecto a las tradicionales potestades de limitación de la Administración Pública y, en concreto, con el repliegue de la técnica autorizatoria como control previo del acceso y ejercicio de muchas actividades privadas sobre todo económicas y profesionales. La concreción de las normas de transposición de esa Directiva está forzando, con carácter general, unas reglas que ya existían en nuestro ordenamiento pero que se aplicaban tímidamente, si a caso cuando se establecía un recurso bien fundamentado ante nuestros tribunales y se recordaban entonces en la sentencia los grandes principios del Estado de Derecho que la Constitución había recogido.

La realidad es que está produciendo un repliegue de las autorizaciones o licencias, es decir, de las técnicas de intervención administrativa ex ante al acceso o ejercicio a las actividades de los particulares; una substitución de las mismas por la comunicación o declaración responsable de los particulares, es decir, un control que normalmente es posterior a la implantación o el ejercicio de la actividad; el establecimiento de unas reglas y principios para la aplicación de esas exigencias y la potenciación de otras potestades o técnicas alternativas de control administrativo como es la inspección. Asimismo, se plantea en ese marco, cuándo por una actuación que causa un daño se puede exigir la […]

Artículo publicado en la Revista Aragonesa de Administración Pública

Este trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto de investigación del ministerio de Economía y Competitividad «El urbanismo sostenible ante el reto del cambio climático» (DER2014-58446-R).