Jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado italianos, acerca de la utilización de la cuestión prejudicial prevista en el artículo 177 CEE.

Jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado italianos, acerca de la utilización de la cuestión prejudicial prevista en el artículo 177 CEE.

Novedades en la Jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado italianos, acerca de la utilización de la cuestión prejudicial prevista en el artículo 177 CEE. Su influencia sobre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo

por Juan Manuel Trayter

Editorial

La relación entre el Ordenamiento nacional y el comunitario, con especial referencia a lo que acontece en Italia, es examinada en una interesante colaboración del profesor Joan Manuel Trayter de la Universidad de Barcelona, que no dudamos en destacar en estas líneas introductorias.

En su aportación al presente número de “Noticias CEE» se nos expone cómo desde la Corte Costituzionale y desde el Consiglio di Stato se han planteado, en época reciente, cuestiones prejudiciales de interpretación del Derecho Comunitario, ante el Tribunal de Luxemburgo, por la conocida vía que proporciona el artículo 177 del Tratado CEE.

La información que se suministra en torno a dichas actuaciones procesales es de sumo interés, pues el punto de partida conduce a la solución contraria; con respecto a la Corte, ésta entendía que no era «jurisdicción» a los efectos del invocado precepto del Tratado, por lo que, pese a ser la última instancia, no se veía compelida al planteamiento de cuestiones prejudiciales, remitiendo la petición de intervención del Tribunal Comunitario al Organo jurisdiccional de instancia.

A partir de la Sentencia 168/91, de 18 de abril, la Corte Costituzionale entiende que puede ser ella misma quien plantee cuestiones prejudiciales, admitiendo que le sea definido en sede comunitaria el alcance de una norma al objeto de su aplicación en sede constitucional; como recuerda el profesor Trayter, la decisión italiana constituye un interesante precedente dado el conocido criterio de nuestro Tribunal Constitucional, plasmado en su Sentencia 28/91, de 14 de febrero, en la que se contiene una negativa al planteamiento de la cuestión prejudicial y que fue, en su momento, reproducida en el número 75 de esta Revista.

No menos interés tiene la decisión del Consiglio di Stato, que, como es sabido, es el Organo Superior en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, que hasta la ordenanza 962/91, de 25 de agosto, no había utilizado nunca la vía de acceso al Tribunal Comunitario, a través de lo previsto en el artículo 177 del Tratado; con ello queda nuestro Tribunal Supremo como único en dicho orden jurisdiccional, que no ha planteado cuestiones prejudiciales, debido a la niterada doctrina, de la que también tienen noticia nuestros lectores, de que sólo puede fiscalizar las normas de rango inferior a la Ley.

Esperemos que, tras la doble decisión italiana, sigan esta orientación nuestros tribunales, introduciendo los correspondientes ajustes en su doctrina.


Novedades en la Jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado italianos, acerca de la utilización de la cuestión prejudicial prevista en el artículo 177 CEE. Su influencia sobre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo

por Juan Manuel Trayter

Profesor Titular de Derecho Administrativo. Universidad de Barcelona. (Año 1993)

I. INTRODUCCIÓN

El artículo 177 CEE dice:

«El Tribunal de Justicia será competente para pronunciarse con carácter prejudicial:

a) Sobre la interpretación del presente Tratado.

b) Sobre la validez e interpretación de actos adoptados por las instituciones de la Comunidad.

c) Sobre la interpretación de los estatutos de los organismos creados por un acto del Consejo, cuando dichos estatutos así lo prevean.

Cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros, dicho órgano podrá pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo.

Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al Tribunal de Justicia.

La obligación que, según la literalidad de los términos en que está redactado el precepto, tienen las jurisdicciones internas que resuelven el último recurso ordinario de plantear la cuestión prejudicial ante el TJCE fue cuestionada por el Consejo de Estado francés esgrimiendo la denominada doctrina del acto claro. En base a ella, cuando la interpretación de una norma de Derecho comunitario sobre la que se solicita el planteamiento de una cuestión prejudicial es clara, no ofrece dudas, el órgano jurisdiccional encargado de resolver en última instancia puede negarse a elevar el incidente prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo en aplicación del principio «in claris non fit interpretatio».

Esta doctrina fue admitida parcialmente por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para las cuestiones prejudiciales interpretativas (es decir aquellas en las que se solicita al Tribunal de Luxemburgo que determine el alcance, sentido y significado de una norma europea), no así para las cuestiones de validez de las normas comunitarias, pues en estos casos la nulidad de la disposición sólo puede ser declarada por el propio Tribunal de Luxemburgo (Sentencia Fotofrost de 22 de octubre 1987. ass. 314/85), pues de otro modo quebraría la necesaria uniformidad del Derecho europeo.

De esta manera, como decimos, el Tribunal de Justicia en la conocida sentencia CILFIT (6 de octubre de 1982 ass. 283/81) establecía tres únicos y estrictos supuestos ante los que los órganos jurisdiccionales internos que resuelven el litigio en última instancia no están obligados a suspender el proceso y accionar el reenvio prejudicial en interpretación, a saber:

  1. Cuando la jurisdicción que conoce del proceso constata que el Derecho comunitario no resulta aplicable al caso examinado y, por tanto. no puede tener influencia alguna en el signo del fallo.
  2. Cuando el problema suscitado ha sido ya resuelto por una sentencia del Tribunal de Justicia siendo indiferente, a estos efectos, que la respuesta haya sido dada a título prejudicial o en el seno de otro procedimiento, incluso en defecto de una estricta identidad de las cuestiones en litigio.
  3. Cuando la aplicación correcta del Derecho comunitario se impone «con tal evidencia que no deje lugar a ninguna duda razonable sobre la manera de resolver la cuestión planteada».

Según el Tribunal de Justicia, la existencia o no de duda razonable deberá apreciarse teniendo en cuenta, de una parte, que la solución adoptada sería la misma que aceptarían tanto las jurisdicciones de los otros Estados miembros como el Tribunal de Luxemburgo; de otra, analizando las características y dificultades propias del Derecho comunitario fruto de la pluralidad de versiones lingüisticas, de la terminología y nociones autónomas utilizadas y de sus métodos particulares de interpretación (importancia del contexto, fines y evolución del Derecho comunitario en la materia analizada).

Pues bien, en las siguientes páginas vamos a abordar dos importantes sentencias de los más altos Tribunales italianos (Corte Constituzionale y Consiglio di Stato, máximo órgano jurisdiccional administrativo), que además de proporcionar grandes novedades respecto a su propio ordenamiento juridico, deben servir para corregir algunos defectos técnicos enquistados en la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional y para cambiar ciertos hábitos en el comportamiento del Tribunal Supremo.

II. ARTÍCULO 177 CEE Y CORTE CONSTITUCIONAL: LA SENTENCIA GIAMPAOLI 168/91, DE 18 DE ABRIL

  1. Introducción

La Corte Constitucional Italiana nunca habia esgrimido la posibilidad de utilizar el mecanismo previsto en el articulo 177, a pesar que de la interpretación dada por el TJCE podria sostenerse que dicho precepto incluye como «órgano jurisdiccional» a los Tribunales Constitucionales de los paises miembros. Sin embargo, en la sentencia n.º 168/91, de 18 de abril. Giampaoli ha variado esa jurisprudencia, cambio de rumbo que debe servir como espejo a nuestro Tribunal Constitucional tal y como explicaremos posteriormente.

En ella se plantea la posible contradicción entre el artículo 11 de la Directiva del Consejo 335/69, de 17 de julio (impuestos indirectos sobre acumulación de capitales), que establecía la exención de todos los impuestos a las operaciones de emisión de acciones que efectúe una sociedad y cuya transposición debía ser efectuada antes del primero de enero de 1972 y una ley italiana de 1972 que, hasta la modificación efectuada en 1986, exigía para esas operaciones el pago de un denominado impuesto de registro. En definitiva, se planteaba el conocido problema de la posible aplicabilidad directa de la directiva comunitaria, pues el Estado no la habia introducido en el plazo máximo previsto.

Ante dicha controversia, la Corte Constitucional en la sentencia Giampaoli, realiza dos operaciones importantes: 1) Recuerda cuál es el estado de la jurisprudencia acerca de las relaciones Derecho nacional-Derecho comunitario; 2) Consecuencia de esas previsiones establece por vez primera ciertos supuestos en que es posible que ella misma utilice el mecanismo de la cuestión prejudicial.

  1. Derecho comunitario – Derecho italiano tras la sentencia Giampaoli.

En la sentencia Giampaoli que comentamos, la Corte Constitucional italiana aprovecha la ocasión para puntualizar algunos aspectos clave de las relaciones Derecho comunitario-Derecho nacional, circunstancia que influirá decisivamente en la efectiva utilización del articulo 177 CEE.

Así, en primer término y recordando la doctrina elaborada en la sentencia Granital 170/84 (5), concreta cuáles son las bases sobre las que se articulan las relaciones Derecho comunitario-Derecho nacional:

– El ordenamiento comunitario y el estatal son distintos y al mismo tiempo coordinados («‘distinti ed al tempo stesso coordina’i»).

– Las normas de Derecho comunitario, en virtud del articulo 11 de la Constirución, son de aplicación directa en el orden interno.

– En caso de contradicción entre una norma de Derecho interno y cualquier disposición del «acervo comunitario» directamente aplicable, se producirá «no ya la caducidad de la norma interna incompatible, sino la inaplicación de esta última por parte del juez nacional en el caso concreto objeto de su conocimiento».

En segundo término, la Corte Constitucional establece un limite a la plena aplicabilidad directa y primacía del Derecho comunitario, afirmando, como ya lo había hecho en la sentencia Fragd, 232/89, de 21 de abril, que el ordenamiento estatal no se abre incondicionalmente a la normativa comunitaria ya que en todo caso “rige el límite del respeto de los Derechos inalienables de la persona humana» y “de los principios fundamentales del ordenamiento constitucional». En estos casos, la Corte Constitucional se declara competente para establecer esa adecuación, circunstancia que influirá en la mecánica del artículo 177 CEE. En efecto, como veremos con mayor profundidad posteriormente, dicha doctrina comportará que si un juez ordinario italiano encargado de resolver en última instancia tiene dudas acerca de la posible violación de un Derecho fundamental reconocido en la Constitución causado por la norma comunitaria, remita ese juicio de constitucionalidad a la Corte Constitucional, no elevando en estos casos la cuestión prejudicial del articulo 177 CEE.

En tercer término y ya pasando a resolver el supuesto planteado, examina si la directiva en cuestión tiene o no efecto directo, haciendo para ello importantes precisiones sobre la utilización del artículo 177 CEE.

  1. Artículo 177 CEE y Corte Constitucional

Es sabido que el TJCE ha elaborado una jurisprudencia según la cual si una directiva, norma de Derecho derivado que en principio va dirigida únicamente a los Estados quienes tienen que incorporarla en el ordenamiento interno, no la han traspuesto en el plazo previsto por la misma o bien han reproducido sus términos incorrectamente, si esa directiva es además clara, precisa, incondicional (o sea, no deja margen de discrecionalidad al Estado en su reproducción) y jurídicamente perfecta, tiene efecto directo, es decir, puede ser invocada por los particulares contra el Estado y los jueces, tienen la obligación de aplicarla, descartando la norma interna que se le oponga. Esa doctrina había sido aceptada por la Corte Constitucional italiana con anterioridad.

Todo el sistema se apoya en el artículo 177 CEE que actúa como válvula de seguridad. De ese modo, si la directiva posee dichas propiedades, el juez ordinario debe proceder, sin más, a aplicarla desplazando la norma interna que se le oponga. Ahora bien, si tuviese dudas acerca del alcance o sentido de la directiva en cuestión debe suspender el litigio y elevar la cuestión prejudicial interpretativa al Tribunal de Luxemburgo.

Esa es la doctrina sentada por el TJCE y aceptada por la Corte Constitucional en la sentencia comentada. Ella afirma (fj. Nº.5):

«El reconocimiento concreto de tales presupuestos (se está refiriendo a la directiva examinada) constituye el éxito de una actividad de interpretación de la directiva comunitaria y de cada uno de sus preceptos, labor que el juez nacional puede efectuar directamente o bien puede remitirse al Tribunal de Justicia en los términos del artículo 177.2 del Tratado de Roma, facultad que en última instancia constituye en cambio una obligación para el juez nacional (ar. 177.3) siempre que, según cuanto se ha declarado en la misma jurisprudencia del Tribunal de Justicia (Sentencia de 6 de octubre de 1982, asunto 283/82), el precepto de la norma comunitaria no se imponga con una evidencia tal que no deje lugar a ninguna duda razonable sobre la manera de resolver la cuestión planteada».

Estas declaraciones no suponen novedad alguna pues desde la sentencia GRANITAL, ya citada, la Corte Constitucional acepta que sea el juez ordinario quien plantee la cuestión prejudicial y extraiga sus consecuencias, que en ocasiones pueden consistir en la no aplicación de una ley nacional contraria a la norma de Derecho comunitario derivado. Sin embargo,  añade:

«En el supuesto que examina la Corte -la cual continua poseyendo la facultad de elevar también esa cuestión prejudicial de interpretación en el sentido del artículo 177 citado, puede proceder con el fin anteriormente señalado a la directa interpretación de la normativa comunitaria (como en la Sentencia 64/90, y 403/87), aunque a veces en el pasado -ver ordenanza n.º 206 del 76- ha pedido tal encargo al juez a quo- resulta con clara evidencia que el artículo 11 de la directiva tiene aplicabilidad directa», por lo que ordena su aplicación descartando la Ley italiana que se le opone.

Como podemos observar del fundamento jurídico transcrito, la Corte Constitucional se declara competente para plantear ella misma las cuestiones prejudiciales interpretativas. Esa afirmación no implica que, normalmente, sea el órgano encargado de efectuar dicha tarea, pero si en el seno de recurso entablado ante ella se produce un problema como el examinado procederá a contrastar la Ley nacional con el Derecho comunitario, y si considera que existen problemas acerca del sentido o alcance de la norma europea, suspenderá el proceso y planteará la cuestión prejudicial.

A pesar de las positivas afirmaciones que encierra esa sentencia, persisten dos grandes discrepancias entre su doctrina y la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo:

1. Según la Corte Constitucional italiana, si al aplicar el Derecho comunitario, el juez ordinario encargado de resolver en última instancia se enfrenta a una posible violación de los Derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, no debe utilizar el anículo 177 CEE, sino que deberá dirigirse a la Crte Constitucional para que sea ella quien, como medida previa, despeje esas dudas. En estos casos, la Corte Constitucional mantiene el monopolio sobre la efectiva utilización del articulo 177 CEE.

2. Podría entenderse que, según el concepto de órgano jurisdiccional dado por el TJCE, la Corte Constitucional tiene la obligación y no la potestad de accionar el mecanismo previsto en el articulo 177 CEE.

4. La influencia de esa doctrina sobre la STC 28/91, de 14 de febrero (elecciones al Parlamento Europeo)

Como es sabido, nuestro Tribunal Constitucional, en sentencia 28/91, de 14 de febrero se ha negado a plantear la cuestión prejudicial interpretativa de una norma de Derecho derivado que aparentemente permitia la compatibilidad para el desempeño simultáneo de los cargos de diputado europeo y miembro del Parlamento Vasco. El problema se suscitó en el seno de un Recurso de Inconstitucionalidad planteado contra la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que, en su articulo 211.2, prohibia expresamente esa dualidad de mandatos. Ante la posible colisión Derecho comunitario-Derecho nacional, los recurrentes solicitaron el planteamiento de la cuestión prejudicial para saber el alcance concreto de la norma comunitaria. El Tribunal Constitucional, en esa sentencia, hace interesantes y positivas afirmaciones acerca de las relaciones con el Derecho europeo, pero no respecto de la efectiva utilización del articulo 177 CEE.

En efecto, después de negar que la eventual infracción de la normativa comunitaria por leyes estatales sea un problema de constitucionalidad, el TC sostiene «Que es el juez ordinario quien puede o debe plantear la cuestión prejudicial». «En esa labor … ninguna intervención puede tener este Tribunal Constitucional … a través del recurso o la cuestión de inconstitucionalidad … pues el articulo 177 únicamente resulta operativo en los procesos en que debe hacerse aplicación del Derecho comunitario … » cosa que no sucede en el caso suscitado (fj. n,º 7).

Obviamente y como hemos visto, al existir una duda razonable sobre la interpretación de la norma europea, el TC debería haber elevado la cuestión prejudicial. Con dicha negativa, nuestro más Alto Tribunal vulnera el mecanismo del articulo 177 CEE, pues podría perfectamente sostenerse que, dada la probable contradicción entre ambas normas, era la última jurisdicción interna (en el sentido comunitario del término) que debía resolver el conflicto. Y de nada sirve alegar que en el seno de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad, el Derecho comunitario no tiene aplicación, pues dicho alegato, efectuado en esos términos, infringe los estrictos límites establecidos por el TJCE en la sentencia CILFIT y abre las puertas a una condena por incumplimiento de los deberes comunitarios (art. 169 CEE).

Como hemos visto, los Tribunales Constitucionales también pueden utilizar el mecanismo del articulo 177 CEE.

Las anteriores afirmaciones no significan que, normalmente, el TC sea el órgano encargado de elevar la cuestión prejudicial. A nuestro juicio esa labor corresponde al juez ordinario. Pero ello no implica Que dicha operación sea ajena al Tribunal Constitucional. Este, en casos extremos como el abordado en la sentencia «elecciones al PE» (16 bis), podrá también elevar la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo sobre todo cuando esté en juego el Derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).

III. EL PRIMER REENVÍO PREJUDICIAL DEL CONSIGLIO DI STATO, MÁXIMO ÓRGANO JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVO. LA ORDENANZA DE 25 DE AGOSTO DE 199 (PHILIP MORRIS, ADVERTENCIAS A LA SALUD EN LOS PAQUETES DE TABACO)

Una segunda resolución importante de los Tribunales italianos referida al procedimiento diseñado por el artículo 177 CEE es la ordenanza del Consiglio di Stato, sección IV, 962/91, de 25 de agosto (asunto Philip Morris). Su trascendencia viene dada por el hecho que es la primera vez que el Consiglio di Stato, máximo órgano de la jurisdicción contencioso-administrativa, se decide a utilizar el artículo 177 CEE.

El problema planteado ante el Tribunal fue el siguiente: El Consejo había aprobado una directiva, la 89/622, de 13 de noviembre, del Consejo de la CEE, referida a la armonización de las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de etiquetaje de productos del tabaco. En síntesis, la directiva concreta, de una forma un tanto vaga, las advertencias que, en relación a la salud de las personas, deben llevar impreso todos los paquetes de cigarrillos y las denominadas unidades de elaboración o preparación de productos del tabaco. Dicha norma fue introducida en el Derecho italiano por un Decreto interministerial de 31 de julio de 1991 aprobado por los ministros de finanzas y de la Sanidad Italiana. Al parecer y como veremos, dicho decreto establece unas condiciones más exigentes que las impuestas por la directiva, circunstancia que podría vulnerar el principio de libre circulación de mercancías en la Comunidad, provocando, caso de constatarse dicha afirmación, la necesaria aplicación directa de la Directiva, debiendo desaplicar la norma in tema que introduce incorrectamente sus términos en el ordenamiento italiano. Este es, en síntesis, el argumento de la sociedad demandada Philip Morris Belgium, S.A., y otros, cuyos productos en principio se adecuan al texto de la directiva pero no al decreto que la traspone. Ante esa situación, el Consiglio di Stato decidió elevar al TJCE tres preguntas solicitando la interpretación y el alcance de los términos de la directiva. La primera hace referencia al artículo 4 punto primero. En él no se establece el tamaño exacto de las advertencias que deben fijarse en cada unidad de elaboración de los productos del tabaco. Únicamente se afirma que deberán inscribirse «en la cara o superficie más visible de forma inamovible. En un lugar con fondo con contraste, de manera que pueda ser fácilmente visible, claramente legible e indeleble» (art. 5). Por contra, el decreto si especifica que deberá «cubrir al menos el 4 % de la cara o superficie» (art. 4).

¿Es ese el sentido o la interpretación que debe darse al susodicho artículo de la directiva?

Una segunda cuestión va referida al artículo 4, punto segundo, de la norma europea. En él se establece que los Estados miembros podrán elaborar, para los paquetes de tabaco, una lista de advertencias a partir de un anexo incluido en la propia directiva. No queda claro cuántas advertencias debe contener cada paquete, duda que el decreto italiano aclara exigiendo que en una cara del paquete se incluya la frase «nuoce gravemente alla salute» (art. 3.1) y en la otra, dos de las siguientes advertencias: (fumar provoca cáncer, enfermedades cardiovasculares, etc.) (art. 3.2).

¿Cuantas advertencias para cada paquete de tabaco exige el artículo 4.2 de la Directiva?

Por último, en relación a la cuestión anterior, se pregunta al Tribunal: si la directiva no prescribe más de una advertencia ¿pueden las autoridades nacionales aumentar su número?

La ordenanza añade una serie de medidas cautelares provisionales para garantizar, en el interin, los intereses públicos y privados en juego, a saber:

a) Todos los productos distintos al paquete de tabaco deberán incluir la frase «perjudica gravemente a la salud» de acuerdo con el artículo 5 de la directiva (ya reproducido) «y sin vínculo de una determinada relación con las dimensiones de la confección» .

b) Respecto a los paquetes de tabaco, se exige una sola advertencia «a escoger en rotación entre todas aquellas incluidas en el decreto interministerial».

La presente ordenanza es importante por varios motivos. Para empezar, el Consiglio di Stato era el único órgano jurisdiccional que, en el ordenamiento italiano, no había procedido al reenvío prejudicial. Pero además, y tras la, posición adoptada por el Consejo de Estado francés, era el penúltimo órgano de la jurisdicción contencioso~administrativa de los Estados miembros que, teniendo la obligación de utilizar el artículo 177 CEE, no lo había hecho. El último órgano es, precisamente, el Tribunal Supremo español (Sala 3 de lo contencioso~administrativo) que, habiendo tenido ya esa obligación, se ha negado de forma contraria a la jurisprudencia del TJCE (SSTS de 23, 28, 29 y 30 de noviembre de 1990) y más recientemente en Sentencia de 17 de febrero de 1992.

En dichas resoluciones el TS examinaba distintos recursos interpuestos por la Generalitat de Cataluña contra varios actos administrativos que le exigían el pago del IVA por ocupar, como arrendatarios, una serie de locales destinados a oficinas. En ellos se planteaba la posible contradicción entre las exclusiones contempladas por la Sexta Directiva CEE (77/318 de 17 de mayo, año 13) y la Ley española reguladora del IVA (art. 8.23).

Ante ese aparente conflicto, el TS, en esa resoluciones y después de negar que el Texto de la directiva pueda ser invocado por los ciudadanos españoles, afirma:

«En tal situación el único remedio viable seria el planteamiento del asunto ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. Este ha reconocido, por supuesto, que los particulares pueden pedir al juez nacional el control de las normas internas aprobadas por el Gobierno para desarrollar las directivas (sentencias Verbond Nederlandse, asunto 51/76, y Ordernemingen, 21/78). Ahora bien, ese control que en nuestro pais corresponde, en principio, a la jurisdicción contencioso-administrativa, tiene un límite infranqueable marcado en la Constitución, cuyo artículo 106 alude a la potestad reglamentaria que el 97 atribuye al Gobierno de la Nación, asi como a la propia de las Comunidades Autónomas (art. 153.c), parámetro coincidente con el diseñado en su día, hace un tercio de siglo, por el artículo lº de la Ley reguladora de ese orden jurisdiccional, donde se le encomienda el enjuiciamiento de las disposiciones (de carácter general) con categoria o rango inferior a la Ley. Esta, por tanto, sólo puede ser residenciada ante el Tribunal constitucional, en su caso (fj. Nº 4).»

En consecuencia, se niega al planteamiento de la cuestión prejudicial en interpretación ante el Tribunal de Luxemburgo.

Sin embargo, en honor a la realidad hay que decir que esa errónea doctrina jurisprudencial ha sido corregida por el Tribunal Constitucional en la sentencia ya comentada (elecciones al Parlamento Europeo) en donde acepta de forma indubitada la doctrina «Simmenthal» elaborada por el TJCE y que vincula al propio 15 por elemental aplicación del artículo 5.1 LOPJ. Por si todo ello fuera poco, la resolución del Consiglio di Stato Italiano comentada, deja bien a las claras cuál es el camino sobre el que debe moverse la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.